ANTOFAGASTA, viernes 09 de Octubre del 2026

Durante la sesión especial de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, realizada en Antofagasta, el presidente del Sindicato N.º 2 de Supervisores y Staff de Minera Escondida, Alexis Barrera, denunció riesgos operacionales advertidos previamente, cuestionó la eficacia de las fiscalizaciones y solicitó medidas concretas para prevenir nuevos accidentes fatales.

La necesidad de fortalecer la seguridad minera y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas preventivas marcó la sesión parlamentaria desarrollada este jueves 8 de octubre, tras los recientes accidentes fatales registrados en Minera Escondida y Radomiro Tomic.

Durante su intervención, Alexis Barrera recordó al trabajador Carlos Rodríguez Soto, fallecido el 23 de septiembre, y planteó interrogantes sobre las condiciones que antecedieron al accidente. «¿Qué señales existían antes? ¿Qué controles fallaron? ¿Las advertencias de los trabajadores fueron escuchadas?», cuestionó el dirigente.

Advertencias sindicales y medidas correctivas

Barrera reveló que, en junio, el sindicato informó al gerente general de Operaciones Mina, Joao Calmon, sobre riesgos detectados en operaciones de tronadura. Según los antecedentes sindicales, pozos que no estarían siendo debidamente tapados habrían provocado proyecciones de rocas fuera de los radios de seguridad, causando daños en equipos e instalaciones. El dirigente aclaró que estas denuncias no establecen una relación causal con el accidente fatal, materia que corresponde investigar a las autoridades. Sin embargo, cuestionó la ausencia de respuestas satisfactorias frente a las advertencias de los trabajadores.

Durante la sesión, Sernageomin reveló que una fiscalización realizada el 19 de febrero de 2026 había derivado en 31 medidas correctivas instruidas a Minera Escondida, siete meses antes de la fatalidad. No se precisó cuántas permanecían pendientes ni su eventual relación con el accidente.

Barrera recordó, además, que en enero de 2025 la Comisión de Trabajo de la Cámara había solicitado intensificar las fiscalizaciones a Escondida y evaluar una auditoría extraordinaria de seguridad. Por ello, exigió conocer los resultados de esas gestiones y verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas.

Fiscalización insuficiente y respuestas empresariales

Uno de los antecedentes más preocupantes surgió desde Sernageomin, cuyo director regional, Ricardo Veas, reconoció que dispone de apenas nueve fiscalizadores para aproximadamente 1.700 instalaciones mineras en Antofagasta.

La insuficiencia de personal abrió cuestionamientos parlamentarios sobre la capacidad preventiva del Estado. La diputada Marcela Hernando propuso estudiar la evolución de los recursos fiscalizadores durante la última década, mientras otros parlamentarios plantearon solicitar antecedentes a Sernageomin y la Dirección del Trabajo.

En representación de Minera Escondida, sus ejecutivos expusieron los programas de seguridad implementados. Según informó Diario Financiero, la compañía destacó inversiones superiores a US$63 millones durante cinco años, incluyendo tecnologías de monitoreo, sensores y sistemas de inteligencia artificial.

Protección de trabajadores y efectividad de la prevención

Otro de los aspectos abordados durante la sesión fue la necesidad de garantizar que trabajadores y supervisores puedan advertir situaciones de peligro sin enfrentar presiones o eventuales represalias. En este contexto, Barrera expuso antecedentes sobre una supervisora que habría enfrentado hostigamiento tras negarse a modificar información relacionada con un incidente operacional, situación que refuerza la preocupación sindical sobre los mecanismos internos de denuncia.

Los parlamentarios también cuestionaron la efectividad de la coordinación entre empresas, comités paritarios, mutualidades y organismos fiscalizadores, particularmente respecto del seguimiento de las advertencias formuladas antes de los accidentes.

La diputada Paula Olmos planteó la necesidad de fortalecer la fiscalización preventiva, mientras el diputado Sebastián Videla manifestó su disposición a solicitar antecedentes sobre las situaciones denunciadas.

Exigencias para evitar nuevas fatalidades

Finalmente, el Sindicato N.º 2 solicitó una fiscalización extraordinaria a Escondida, investigar las denuncias sobre tronaduras, conocer el seguimiento de anteriores observaciones y exigir respuestas sobre las medidas preventivas adoptadas.

También pidió evaluar una comisión investigadora parlamentaria que permita examinar la actuación y los recursos de los organismos responsables de fiscalizar la seguridad minera.

La intervención dejó planteada una exigencia central: que las advertencias sindicales sean investigadas oportunamente y las medidas preventivas sean verificadas, evitando que la fiscalización se limite a reaccionar después de una tragedia.

El objetivo, enfatizó Alexis Barrera, debe ser uno solo: FATALIDAD CERO.